El Goberno central aprobó mediante el Real Decreto-Ley 8/2020 ayudas para los deduores hipotecarios en situación de vulnerabiliad económica como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

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MORATORIA HIPOTECARIA

 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, adopta una medida de carácter urgente para asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Pretende así el gobierno, velar por el bienestar económico para las personas en situación vulnerabilidad económica.


El Real Decreto-Ley entró en vigor el día 18 de marzo de 2020, y su articula más importante se lo resumimos en el presente artículo.

¿A quién va dirigida?

El RD-ley 8/2020 prevé una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables económicamente y que hayan visto disminuidos sus ingresos como consecuencia del COVID-19, “es de especial importancia garantizar el derecho a la vivienda a los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19”, por lo que sus artículos 7 a 16 regulan las medidas para procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de aquellos afectados directa o indirectamente por el COVID-19.

Quién puede solicitarlo y para que productos financieros?

  • Contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el artículo 9 Real Decreto-ley 8/2020 y que estén vigentes a fecha de entrada en vigor del mismo.
  • Deudor hipotecario descrito en el artículo 8.1 Real Decreto-ley 8/2020, así como fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.
  • Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal sin acudir simultáneamente contra ambos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas Bancarias, antes de reclamarles la deuda garantizada por la vía judicial, y aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de exclusión.

¿Qué se considera situación de vulnerabilidad económica?

Son supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria derivada por el COVID-19 aquellas personas que se encuentren:

 a) Deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

 b) Conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

   i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

   ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

   iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

   iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

  v. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

c) La cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) A consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto siguiente.

A estos efectos, se entiende:

a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

b) Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40 %.

c) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

Para ello, habrá que acreditar la situación de vulnerabilidad económica, previsto en el artículo 11 y siguientes del RD-ley 8/2020.

La concurrencia de las circunstancias (artículo 9) se acreditará por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) En caso de situación legal de desempleo: mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan la vivienda:

 i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

 ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

 iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes:

   i. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

   ii. Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.

e)  Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según el RD-ley 8/2020. 

Solicitud de la moratoria:

  • Plazo: Se puede solicitar al acreedor, desde el 19-3-2020, hasta 15 días después del fin de la vigencia del RD-ley 8/2020.
  •  Documentación: los deudores acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista en el artículo 11 RD-ley 8/2020. 
  • Dicha solicitud supone la aplicación de los artículos 15 y 16 del RD-ley 8/2020.
  • Concesión de la moratoria: Solicitada la moratoria, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días.
    Una vez concedida la moratoria la entidad acreedora comunicará al Banco de España su existencia y duración a efectos contables y de no imputación de la misma en el cómputo de provisiones de riesgo.
  • Efectos de la moratoria:
    • La solicitud conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario.
    • Durante el periodo de vigencia de la moratoria la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. 
    • Tampoco se devengarán intereses.
    • Inaplicación de intereses moratorios 
    • En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, no se permitirá la aplicación de interés moratorio por el período de vigencia de la moratoria.
    • Esta inaplicabilidad de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el RD-ley 8/2020.
    • Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor: deudor de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que se beneficie de las medidas de moratoria del RD-ley 8/2020 sin reunir los requisitos previstos al efecto será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar.

El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la norma. También incurre en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas, correspondiendo la acreditación de esta circunstancia a la entidad con la que tuviere concertado el préstamo o crédito.

 

 

 

 

ACUERDO DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE BARCELONA EN RELACIÓN AL ESTADO DE ALARMA

 

 

En Barcelona, a 18 de marzo de 2020.

 

Reunidos de modo virtual los jueces que se relacionan a continuación y por orden alfabético:

Abel Lluch, Xavier, Juzgado 1ª Instancia nº 14 Barcelona (familia).

Atares García, Eva, Juzgado 1ª Instancia nº 51 Barcelona (familia).

Carceller Valls, Montserrat, Juzgado de 1ª Instancia nº 17 Barcelona (familia).

Hernando Vallejo, Maria Isabel, Juzgado 1ª Instancia nº 16 Barcelona (familia).

Moreno Ruiz, José Juan, Juzgado 1ª Instancia nº 19 Barcelona (familia).

Pascual Franquesa, Ernesto, Juzgado 1ª Instancia nº 45 Barcelona (familia).

Río Gomez, Esther, Juzgado 1ª Instancia nº 15 Barcelona (familia).

Selva Santoyo, Regina, Juzgado 1ª Instancia nº 18 Barcelona (familia).

 

A los efectos de unificación de criterios de actuación ante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia creada por el coronavirus (en adelante Covid-19). Y teniendo presente que:

 

Primero: El RD 463/2020, de 14 de marzo, ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional al objeto de poder gestionar la situación de crisis sanitaria que ha ocasionado la pandemia por enfermedad del coronavirus (en adelante Covid-19), por un tiempo de 15 días naturales, esto es, desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el próximo día 28 de marzo de 2020.

 

Segundo: El acuerdo del Exmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 15 de marzo de 2020, dispone, entre otras medidas y en lo que aquí interesa, literalmente:

- “Primero: Hacer efectiva en todos sus órganos judiciales del ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la suspensión de las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales, durante la vigencia y mientras el estado de alarma declarado afecte a Cataluña”. - “Tercero: Los Presidentes de Sala del Tribunal Superior, de las Audiencias Provinciales y de sus Secciones, los Decanos y Decanas de los diferentes partidos judiciales del ámbito del Tribunal Superior, o quienes deban sustituirlos, garantizarán en sus respectivos ámbitos la adopción de las siguientes medidas y actuaciones […]: 1 c) La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores de los artículos 158 CC, 236-3 CCCat. (Código Civil de Cataluña) y concordantes”.

 

Tercero: El Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mediante acuerdo de fecha 16 de marzo de 2020, comunica literalmente: -“que los órganos judiciales habrán de abstenerse de realizar notificaciones por lexnet, ni por cualquier otro medio a los profesionales Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, a excepción de aquellas que deban realizarse en aquellos procedimientos a que hace referencia el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 14 de marzo de 2020 y el apartado 3.1 del Acuerdo de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del día de ayer”.

 

Cuarto.- El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 18 de marzo de 2020 ha establecido que durante el estado de alarma solo podrán presentarse escritos procesales vinculados a actuaciones judiciales urgentes y siempre a través de Lexnet (sistema Ejcat en Cataluña), sin que en ningún caso se podrán presentar escritos de manera presencial.

 

Adoptan los siguientes ACUERDOS y efectúan las siguientes CONSIDERACIONES por el período desde el pasado 15 de marzo de 2020 hasta el próximo 28 de marzo de 2020.

 

Primero.- El RD 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma no legitima el incumplimiento de resoluciones judiciales.

 

Segundo.- Los progenitores deberán observar, en todo caso, las normas de la autoridades gubernativas y sanitarias a los efectos de evitar la propagación del coronavirus, procurando un ejercicio responsable de la potestad parental y alcanzando los mayores acuerdos posibles, teniendo siempre presente que nos encontramos ante una situación excepcional y, por el momento, por un espacio de tiempo limitado de 15 días naturales, esto es, hasta el próximo 28 de marzo de 2020.

 

Tercero.- Si alguno de los progenitores presenta síntomas de contagio o ha resultado positivo en el test del Covid-19, en interés de los hijos menores (art. 9.2 LOPJM) y para evitar su propagación, es preferible que la guarda y custodia la ostente el otro progenitor, a fin de evitar su propagación al menor cuya custodia tiene confiada, debiéndose entenderse que, automáticamente concurre causa de fuerza mayor, que suspende provisionalmente, las medidas acordadas en el proceso en que se acordaron.

 

Cuarto.- Fuera de los casos de síntomas de contagio o resultado positivo en el test del Covid-19, y en aras al más efectivo cumplimiento de los acuerdos de las autoridades sanitarias, que aconsejan reducir al máximo la movilidad de las personas, y salvo supuestos excepcionales justificados documentalmente, el sistema de responsabilidad parental deberá ser ejercido por el progenitor custodio (en supuestos de custodia exclusiva) o por el progenitor que ostenta la guarda en este momento (en supuestos de custodia compartida).

 

Quinto.- A fin de conseguir el necesario y deseable contacto paterno-filial el progenitor custodio deberá facilitar, particularmente por medios telemáticos (skype, facetime, o video llamada de whastApp) el contacto del/los hijo/os con el progenitor no custodio, siempre y cuando no se perturben las rutinas u horarios de descanso de los menores.

 

Sexto.- Con respecto a los procedimientos de ejecución que, en su caso, se presentaren, se procederá al registro telemático de la demanda ejecutiva, siempre que se presente por la vía electrónica de Ejcat, y dada la actual suspensión de los plazos procesales, se le dará el trámite ordinario, una vez alzada la declaración del estado de alarma o, en su caso, su prórroga; salvo que la parte que presente la demanda o escrito manifieste de forma responsable la urgencia del mismo y el riesgo para el menor.

 

Séptimo.- Dada la imprevisible duración de la pandemia del Covid-19, e ignorándose si el estado de alarma se prolongará en el tiempo, la eficacia de los presentes acuerdos se circunscribe al período temporal comprendido entre el 15 de marzo de 2020 y el 28 de marzo de 2020, salvo que circunstancias sobrevenidas o, en su caso, resoluciones posteriores del Consejo General del Poder Judicial, aconsejen una revisión anterior, y sin perjuicio de su prórroga de mantenerse las actuales circunstancias.

 

Todo lo cual se eleva a la Jueza Decana de Barcelona, Ilma. Dª Mercè Caso Señal, por conducto de la Delegada de los Jueces de Familia, Ilma. Dª Regina Selva Santoyo. Barcelona, a 18 de marzo de 2020.

 

 

 

 

ERTE POR CAUSA DE FUERA MAYOR

 

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Qué es un ERTE y cómo afectará a trabajadores y empresas en España tras ser decretado el Estado de Alarma debido a la crisis sanitaria del COVID-19?

 

En el siguiente artículo les explicamos en lo que consiste, así cómo la afectación que tiene tanto para la empresa como para los empleados.

 

La paralización económica y social con el fin de controlar la transmisión del coronavirus ha provocado el cierre provisional de miles de empresas, y en consecuencia la necesidad de regularizar los costes de las mismas con el fin de aguantar el varapalo generado y aguantar hasta la reanudación de la actividad estatal.

Es por ello que, en previsión del gran perjuicio causado no sólo a la economía del Estado Español sino una cadena derivada que acaba afectando a cada extremo del mundo, se han decretado medidas para apaliar dicho impacto, como es un ERTE.

 

¿En qué consiste un ERTE?

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo es la adopción por parte de la empresa de una suspensión  temporal de la relación laboral con una parte concreta de sus trabajadores.

El mismo podrá ser:

  1. La suspensión de empleo de los empleados.
  2. Reducción de la jornada laboral de los empleados.

¿Cuáles son las causas en las que se puede aplicar un  ERTE?

El Estatuto de los Trabajadores determina que el Expediente de Regulación Temporal de Empleo se puede utilizar únicamente por:

  • CAUSAS ECONÓMICAS: cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como son la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.
  • TÉCNICAS: éstas hacen referencia a cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción.
  • ORGANIZATIVAS: se producen en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción. 
  • PRODUCCIÓN: cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa comercializa.

 

¿Puedo elegir a cuántos trabajadores afecta?

La ley determina un número mínimo de empleados para que las empresas puedan aplicar un ERTE a sus empleados. Y es por ellos que se distingue 3 opciones:

1.- Para las empresas de 100 o menos empleados deberán aplicarlo al menos a 10 empleados;

2.- Para las empresas de entre 100 y 300 empleados deberán aplicarlo al menos al 10% de la plantilla

3.- Las empresas de 300 o más empleados lo deberán aplicar, como mínimo, a 30 empleados.

 

¿Cuánto cobran los trabajadores afectados por un ERTE?

A pesar de que el procedimiento funciona como un despido común, los trabajadores que hayan trabajado menos de 360 días en los últimos seis años tienen derecho a paro, sin embargo, el Estado ha previsto que en el caso de los afectados por los despidos durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19, NO SERÁ NECESARIO QUE ACUMULEN UN TIEMPO PREVIO DE COTIZACIÓN Y ADEMÁS TENDRÁN DERECHO A UNA PENSIÓN POR DESEMPLEO que será del 70% de la base reguladora durante los primeros seis meses y del 50% a partir de ese momento.

 

¿Qué beneficio supone un ERTE para las empresas?

Las empresas que deciden aplicarlo a través de la reducción de jornada de los trabajadores, la parte proporcional del salario reducido, así como de la paga extraordinaria, pero no en el caso de las vacaciones.

Para el caso de adoptarse la suspensión de empleo, por cada día no trabajado del empleado la empresa deberá descontar los días trabajados y la parte proporcional del descanso semanal. Tampoco se pagan pagas extra ni vacaciones.

Además que, en ambos casos, sólo si son como consecuencia de fuerza mayor, como es el caso de estar en un Estado de Alarma, la empresa se ahorrará además e pago de cotización de la Seguridad Social correspondiente a la parte empresarial, puesto que el empleado deberá seguir estando dado de alta en la Seguridad Social.

 

¿Cómo se lleva a cabo un ERTE?

La empresa ha de comunicar su intención a los trabajadores a los que deberá conceder un plazo de CINCO DÍAS para formar una comisión negociadora, seguidamente se abre un periodo de consultas de SIETE DÍAS, después de los cuales la empresa debe tomar una decisión y comunicársela tanto a los trabajadores como a las autoridades laborales.

 

¿Tiene derecho a impugnar un ERTE los trabajadores?

La respuesta es SÍ.

Los empleados disponen de un plazo legal de tienen un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES a contar desde la fecha de notificación por parte de la empresa.

Si el laudo les es favorable (resolución) la empresa deberá restituirles su puesto de trabajo o, de lo contrario, devolverles la parte de jornada que se les ha reducido.

 

¿Tiene competencia las autoridades para evitar que se lleve a cabo un ERTE?

En el caso en el que nos encontramos, que las empresas se ven en la obligación de adoptarlo como consecuencia de la crisis sanitaria, la legislación prevé que únicamente en los casoas de fuerza mayor, la autoridad competente, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, deberá acreditar que los argumentos de la empresa correspondan a esas causas a las que alude para despedir a sus trabajadores.

En los demás procedimientos, aunque las autoridades laborales pueden aportar recomendaciones y hacer un seguimiento de los casos, no pueden evitar que se lleve a cabo puesto que es única decisión de la empresa.

Finalmente, habrá DOS OPCIONES:

  1. Ejecutar el ERTE de mutuo acuerdo con los trabajadores y sindicatos,
  2. En defecto de acuerdo, ejecutarlo bajo los parámetros que crea más convenientes, siempre y cuando justifique la idoneidad del mismo.

 

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